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Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Parte I)

No 16.744: ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES Parte II

1°.- Declárase obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones establecidas en la
presente ley.

§ 2. Personas protegidas

2° Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, las siguientes
personas:
a) Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean las labores que
ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la
empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen; incluso los servidores
domésticos y los aprendices;
b) Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de
instituciones administrativamente descentralizadas del Estado.
INCISO SEGUNDO DEROGADO.
c) Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso
para el respectivo plantel;
d) Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares.
El Presidente de la República establecerá, dentro del plazo de un año, a contar
desde la vigencia de la presente ley, el financiamiento y condiciones en que deberán
incorporarse al régimen de seguro de esta ley las personas indicadas en las letras b) y
c) de este artículo.
No obstante, el Presidente de la República queda facultado para decidir la
oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de
seguro que establece esta ley las personas indicadas en la letra d).

3° Estarán protegidos también, todos los estudiantes por los accidentes
que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica
profesional. Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera
de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de
acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
El Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad,
financiamiento y condiciones de la incorporación de tales estudiantes a este seguro
escolar, la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgará y los
organismos, instituciones o servicios que administrarán dicho seguro.

Párrafo 3°
Afiliación.

4°.- La afiliación de un trabajador, hecha en una Caja de Previsión para
los demás efectos de seguridad social, se entenderá hecha, por el ministerio de la ley,
para este seguro, salvo que la entidad empleadora para la cual trabaje se encuentre
adherida a alguna Mutualidad.
Respecto de los trabajadores de contratistas o subcontratistas, deberán observarse,
además, las siguientes reglas:
El dueño de la obra, empresa o faena, será, subsidiariamente, responsable de las
obligaciones que, en materia de afiliación y cotización, afecten a sus contratistas
respecto de sus trabajadores. Igual responsabilidad afectará al contratista en relación
con las obligaciones de sus subcontratistas.

TITULO II
Contingencias cubiertas

5° Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda
lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca
incapacidad o muerte.
Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o
regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el
trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos
empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el
trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.
Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de
instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales.
Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación
alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las
excepciones corresponderá al organismo administrador.

6°.- Los Consejos de los organismos administradores podrán otorgar el
derecho al goce de los beneficios establecidos en la presente ley, en caso de accidentes
debidos a fuerza mayor extraña al trabajo que afectare al afiliado en razón de su
necesidad de residir o desempeñar sus labores en el lugar del siniestro.
Las empresas y los fondos de los seguros de enfermedad y de pensiones respectivos,
deberán, en tal caso, integrar en el fondo de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales de que se trate, las sumas equivalentes a las prestaciones que habrían
debido otorgar por aplicación de las normas generales sobre seguro de enfermedad o
medicina curativa, invalidez no profesional o supervivencia, en la forma que señale el
Reglamento.
En todo caso, los acuerdos a que se refiere el inciso primero, deberán ser sometidos
a la aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social.

7°.- Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca
incapacidad o muerte.
El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como
profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.
Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador
el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que
se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraido como consecuencia directa de la
profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo
administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que
deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud.

TITULO III
Administración

8°.- La Administración del Seguro estará a cargo del Servicio de Seguro
Social, del Servicio Nacional de Salud, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades
de Empleadores, en conformidad a las reglas contenidas en los artículos siguientes.

9°.- Respecto de los afiliados en el Servicio de Seguro Social, el seguro
será administrado por éste, correspondiendo al Servicio Nacional de Salud otorgarles las
prestaciones médicas y los subsidios por incapacidad temporal, sin perjuicio de las
demás funciones que le encomienda la presente ley.
El Servicio Nacional de Salud cumplirá sus funciones a través de sus servicios
técnicos, quienes proveerán los medios y el personal para realizar las obligaciones que
le encomienda la presente ley. Un comité asesor propondrá la política de acción, las
normas y los programas y la repartición del presupuesto para sus fines específicos.
El Servicio de Seguro Social cumplirá sus funciones a través del Departamento de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se crea con la presente ley y
cuya organización administrativa interna será determinada por un Reglamento que deberá
dictar el Presidente de la República.
El Presidente de la República queda facultado para modificar la Planta del Servicio
Nacional de Salud, cuando lo estime necesario para que esta institución amplíe sus
servicios de prevención y rehabilitación.

10°.- Respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión, administrará
este seguro el respectivo organismo previsional en que estén afiliados.
Estos organismos, en caso de carecer de adecuados servicios médicos propios, podrán
contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas. No obstante, para el Servicio
Nacional de Salud será obligatorio convenir el otorgamiento de tales prestaciones, con
las Cajas que lo soliciten, sujeto ello al pago de las tarifas que fijará
periódicamente.
El Presidente de la República queda facultado para modificar las plantas del personal
de los organismos que, para otorgar tales prestaciones, opten por instalar sus propios
Servicios Médicos o ampliar los existentes. En la provisión de los cargos que se creen
en virtud de este facultad deberán observarse las normas que sobre ascensos contiene el
Estatuto Administrativo.

11°.- El seguro podrá ser administrado, también, por las Mutualidades de
Empleadores, que no persigan fines de lucro, respecto de los trabajadores dependientes de
los miembros adheridos a ellas.

12° El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas
Instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica, cuando cumplan con
las siguientes condiciones:
a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos, en faenas
permanentes;
b) Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra
mutualidad, los que deben incluir servicios especializados, incluso en rehabilitación;
c) Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales;
d) Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de
lucro, y
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas
por ellas.
El Servicio Nacional de Salud controlará que dentro del plazo que fije el Presidente
de la República en el decreto que les conceda personalidad jurídica, cumplan con las
exigencias previstas en las letras b) y c) del inciso anterior.
En caso de disolución anticipada de una Mutualidad, sus miembros deberán constituir
los capitales representativos correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha
Mutualidad, en el o los organismos administradores que deban hacerse cargo en el futuro,
del pago de tales pensiones.
En lo demás, se procederá en la forma como dispongan sus estatutos y el Estatuto
Orgánico de las Mutualidades que deberá dictar el Presidente de la República en
conformidad al artículo siguiente.
Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de
Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y
reglamentos orgánicos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los acuerdos de los directorios
de estas mutualidades que se refieran a transacciones judiciales o extrajudiciales, serán
elevados en consulta a la Superintendencia de Seguridad Social.
Los acuerdos cuyo cumplimiento merezca dudas de legalidad o conveniencia a los
directorios de dichas mutualidades podrán ser elevados en consulta por éstas a la
mencionada Superintendencia de Seguridad Social.
En casos calificados, la Superintendencia podrá disponer que una o más de estas
entidades, que a su juicio requieran de un control especial, le eleven en consulta los
acuerdos de directorio que recaigan sobre las materias que ella fije.
En los casos a que se refieren los tres incisos precedentes, la Superintendencia de
Seguridad Social se pronunciará en los términos establecidos en el artículo 46° de la
ley 16.395.
La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las instrucciones obligatorias que
sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos quinto a octavo de
este artículo.

13°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo
de un año, contado desde la publicación de la presente ley, dicte el Estatuto Orgánico
por el que se habrán de regir estas Mutualidades.
Dicho Estatuto deberá prever que el Directorio de estas instituciones esté
integrado, paritariamente, por representantes de los empleadores y de los trabajadores y
la forma como se habrá de elegir al presidente de la institución, el cual lo será,
también, del Directorio.

14° Los organismos administradores no podrán destinar a gastos de
administración una suma superior al 10% de los ingresos que les correspondan para este
seguro. Sin perjuicio de dicho porcentaje máximo, a las Mutualidades no podrá
fijárseles menos del cinco por ciento de sus ingresos para tales gastos en los decretos
en que se aprueban las estimaciones presupuestarias de esta ley.

TITULO IV

15° El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales se
financiará con los siguientes recursos:
a) Con una cotización básica general del 0,90% de las remuneraciones imponibles, de
cargo del empleador;
b) Con una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de
la empresa o entidad empleadora, la que será determinada por el Presidente de la
República y no podrá exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles, que también
será de cargo del empleador, y que se fijará sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 16°;
c) Con el producto de las multas que cada organismo administrador aplique en
conformidad a la presente ley;
d) Con las utilidades o rentas que produzca la inversión de los fondos de reserva, y
e) Con las cantidades que les corresponda por el ejercicio del derecho de repetir de
acuerdo con los artículos 56° y 69°.

16° Las empresas o entidades que implanten o hayan implantado medidas de
prevención que rebajen apreciablemente los riesgos de accidentes del trabajo o de
enfermedades profesionales, podrán solicitar que se les reduzca la tasa de cotización
adicional o que se les exima de ella si alcanzan un nivel óptimo de seguridad.
Las empresas o entidades que no ofrezcan condiciones satisfactorias de seguridad y/o
higiene, o que no implanten las medidas de seguridad que el organismo competente les
ordene, deberán cancelar la cotización adicional con recargo de hasta el 100%, sin
perjuicio de las demás sanciones que les correspondan.
Las exenciones, rebajas o recargos de la cotización adicional se determinarán por
las mutualidades de empleadores respecto de sus empresas adherentes y por los Servicios de
Salud respecto de las demás empresas, en relación con la magnitud de los riesgos
efectivos y las condiciones de seguridad existentes en la respectiva empresa, sin
perjuicio de los demás requisitos que establece este artículo y el reglamento.
Las empresas podrán reclamar de lo resuelto por la respectiva Mutualidad de
Empleadores ante la Superintendencia de Seguridad Social, en conformidad al inciso tercero
del artículo 77 de esta ley, la que para resolver, si lo estima pertinente, podrá
solicitar informe al Servicio de Salud correspondiente.
El reglamento establecerá los requisitos y proporciones de las rebajas y recargos,
así como también la forma, proporciones y plazos en que se concederán o aplicarán.

17°.- Las cotizaciones se calcularán sobre la base de las mismas
remuneraciones o rentas por las que se cotiza para el régimen de pensiones de la
respectiva institución de previsión del afiliado.
Las cotizaciones que deban integrarse en alguna Caja de Previsión, se considerarán
parte integrante de su sistema impositivo, gozando por lo tanto de los mismos privilegios
y garantías. Asimismo, el incumplimiento de enterar las cotizaciones tendrá las mismas
sanciones que las leyes establecen o establezcan en el futuro para dicho sistema.

18°.- En caso de incumplimiento de la obligación de cotizar de parte de
los empleadores afectos a alguna Mutualidad, deberán observarse las siguientes reglas:
a) La Mutualidad deberá hacer la liquidación de las cotizaciones adeudadas;
b) El infractor deberá pagar un interés penal de un 3% mensual sobre el monto de lo
adeudado, y
c) En la misma liquidación se impondrá, también, una multa cuyo monto será
equivalente al 50% de las imposiciones adeudadas, y en ningún caso, inferior a medio
sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago.
Esta multa se recargará en un 50% si la infracción se produce con posterioridad a
haberse verificado un accidente o enfermedad por algún trabajador.
La liquidación aprobada por el presidente de la respectiva Mutualidad tendrá mérito
ejecutivo y su notificación y cobro se ajustarán a las mismas normas que rigen para el
sistema de cobranza judicial del Servicio de Seguro Social, gozando, también, del mismo
privilegio.

19°.- El régimen financiero del seguro será el de reparto. Pero deberá
formarse una reserva de eventualidades no inferior al 2% ni superior al 5% del ingreso
anual.

20° Respecto de las Mutualidades, el estatuto orgánico de ellas deberá
establecer que estas instituciones formen, además de la reserva de eventualidades a que
se refiere el artículo anterior, una reserva adicional para atender el pago de las
pensiones y de sus futuros reajustes.

21° Mediante decreto supremo se determinará la proporción en que se
distribuirá, entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, el
producto de las cotizaciones que aquél recaude para este seguro.
Los demás organismos administradores, con excepción de las Mutualidades de
Empleadores, deberán, además, entregar al Servicio Nacional de Salud un determinado
porcentaje de sus ingresos, el que será determinado, respecto de cada cual, por el
Presidente de la República, para que esta institución lo dedique exclusivamente al
financiamiento de sus labores de inspección, prevención de riesgos profesionales,
rehabilitación y reeducación de inválidos.
Los excedentes que se produzcan en cada ejercicio, en los fondos respectivos de las
diversas cajas de previsión serán distribuidos de acuerdo con las normas que establezca
el reglamento, debiéndose aportar por duodécimos presupuestarios y haciéndose los
ajustes que correspondan de acuerdo a sus balances anuales.

22°.- DEROGADO.

23°.- Todas las sumas que corresponda percibir al Servicio Nacional de
Salud, por aplicación de lo dispuesto en la presente ley, se contabilizarán por separado
y este organismo deberá destinarlas exclusivamente a los objetivos que esta ley le
encomienda.

24°.- Créase un fondo especial destinado a la rehabilitación de
alcohólicos que será administrado por el Servicio Nacional de Salud y que se formará
hasta con el 10% de los excedentes a que se refiere el inciso tercero del artículo 21° y
con el 10% de las multas de cualquiera naturaleza que se apliquen en conformidad a la
presente ley.
El Servicio Nacional de Salud destinará estos recursos preferentemente a la
construcción, habilitación y funcionamiento de clínicas para el uso de las
instituciones con personalidad jurídica que existan o se constituyan exclusivamente con
la finalidad señalada, a las que podrá también otorgar subvenciones de acuerdo con sus
necesidades.
Un reglamento que el Presidente de la República dictará, dentro del plazo de 180
días desde la fecha de la promulgación de la ley, determinará la forma de administrar y
distribuir estos recursos.

24° bis.- Las Mutualidades de Empleadores estarán exentas de la
obligación de efectuar aportes para el financiamiento del seguro de las personas a que se
refieren el inciso final del artículo 2° y el artículo 3° de esta ley.

TITULO V
Prestaciones

Párrafo 1°
Definiciones

25°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por “entidad empleadora” a
toda empresa, institución, servicio o persona que proporcione trabajo: y por “trabajador”
a toda persona, empleado u obrero, que trabaje para alguna empresa, institución, servicio
o persona.

26° Para los efectos del cálculo de las pensiones e indemnizaciones, se
entiende por sueldo base mensual el promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a
cotización, excluidos los subsidios, percibidas por el afiliado en los últimos seis
meses, inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso de
enfermedad profesional.
En caso que la totalidad de los referidos seis meses no estén cubiertos por
cotizaciones, el sueldo base será igual al promedio de las remuneraciones o rentas por
las cuales se han efectuado cotizaciones.
El trabajador podrá acreditar, en todo caso, que ha percibido una remuneración
superior a aquélla por la cual se le hicieron las cotizaciones, debiendo entonces
calcularse el sueldo base sobre la renta efectivamente percibida, sin perjuicio de que la
respectiva institución previsional persiga el pago de las cotizaciones adeudadas, con sus
intereses y multas, por la diferencia entre la remuneración real y la declarada para los
efectos previsionales. Al empleador, también se le aplicará la sanción máxima
establecida en el artículo 80°.
Si el accidente o enfermedad ocurre antes que hubiere correspondido enterar la primera
cotización, se tendrá por sueldo base el indicado como sueldo o renta en el acto de la
afiliación o el que tuvo derecho a percibir a la fecha en que la afiliación debió
efectuarse.
Para calcular el sueldo base mensual, las remuneraciones o rentas que se consideren,
se amplificarán en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado el sueldo vital, escala
A) del departamento de Santiago, desde la fecha en que ellas fueros percibidas hasta la
fecha a partir de la cual se declaró el derecho a pensión.
En ningún caso el sueldo base mensual será inferior al sueldo vital mensual, escala
A) del departamento de Santiago o al salario mínimo industrial, según fuere la actividad
profesional del afiliado, vigente a la fecha a partir de la cual se declaró el derecho a
pensión.

27°.- Para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, los accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en las siguientes categorías,
según los efectos que produzcan:
1.- Que producen incapacidad temporal;
2.- Que producen invalidez parcial;
3.- Que producen invalidez total;
4.- Que producen gran invalidez, y
5.- Que producen la muerte.

28°.- Las prestaciones que establecen los artículos siguientes se deben
otorgar, tanto en caso de accidente del trabajo como de enfermedad profesional.

Párrafo 2°
Prestaciones médicas

29°.- La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional
tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su
curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la
enfermedad o accidente:
a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio;
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;
c) Medicamentos y productos farmacéuticos;
d) Prótesis y aparatos ortópedicos y su reparación;
e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y
f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de
estas prestaciones.
También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los asegurados que se
encuentren en la situación a que se refiere el inciso final del artículo 5° de la
presente ley.

3. Prestaciones por incapacidad temporal

30° La incapacidad temporal da derecho al accidentado o enfermo a un
subsidio al cual le serán aplicables las normas contenidas en los artículos 3°, 7°,
8°, 10, 11, 17, 19 y 22 del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, en el inciso segundo del
artículo 21 de la ley N° 18.469 y en el artículo 17 del decreto ley N° 3.500 de 1980.
En todo caso, el monto del subsidio se reajustará en un porcentaje equivalente al
alza que experimenten los correspondientes sueldos y salarios en virtud de leyes
generales, o por aplicación de convenios colectivos de trabajo.

31°.- El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento,
desde el día que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación
del afiliado o su declaración de invalidez.
La duración máxima del período del subsidio será de 52 semanas, el cual se podrá
prorrogar por 52 semanas más cuando sea necesario para un mejor tratamiento de la
víctima o para atender a su rehabilitación.
Si al cabo de las 52 semanas o de las 104, en su caso, no se hubiere logrado la
curación, y/o rehabilitación de la víctima, se presumirá que presenta un estado de
invalidez.

32°.- El subsidio se pagará incluso por los días feriados y no estará
afecto a descuentos por concepto de impuestos o cotizaciones de previsión social.
El beneficiario de subsidio, durante todo el tiempo que dure su otorgamiento, se
considerará como activo en la respectiva institución de previsión social para todos los
efectos legales.

33°.- Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o
dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago del
subsidio a pedido del médico tratante y con el visto bueno del jefe técnico
correspondiente.
El afectado podrá reclamar en contra de esta resolución ante el Jefe del Area
respectiva del Servicio Nacional de Salud, de cuya resolución, a su vez, podrá apelar
ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

Párrafo 4°
Prestaciones por invalidez

34°.- Se considerará inválido parcial a quien haya sufrido una
disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a
un 15% e inferior a un 70%.

35°.- Si la disminución es igual o superior a un 15% e inferior a un 40%,
la victima tendrá derecho a una indemnización global, cuyo monto no excederá de 15
veces el sueldo base y que se determinará en función de la relación entre dicho monto
máximo y el valor asignado a la incapacidad respectiva, en la forma y condiciones
previstas en el Reglamento.
En ningún caso esta indemnización global podrá ser inferior a medio sueldo vital
mensual del departamento de Santiago.

36° La indemnización global establecida en el artículo anterior se
pagará de una sola vez o en mensualidades iguales y vencidas, cuyo monto equivaldrá a 30
veces el subsidio diario que se determine en conformidad al artículo 30° de esta ley, a
opción del interesado. En el evento de que hubiera optado por el pago en cuotas podrá no
obstante solicitar en cualquier momento el pago total del saldo insoluto de una sola vez.

37°.- El asegurado que sufriere un accidente que, sin incapacitarlo para el
trabajo, le produjere una mutilación importante o una deformación notoria, será
considerado inválido parcial en conformidad a lo dispuesto en los artículos precedentes.
En tal caso, tendrá derecho a la indemnización establecida en el artículo 35°, que
será fijada, por el organismo administrador, de acuerdo al grado de mutilación o
deformación. La mutilación importante o deformación notoria, si es en la cara, cabeza u
órganos genitales dará derecho al máximo de la indemnización establecida en dicho
artículo.

38°.- Si la disminución de la capacidad de ganancia es igual o superior a
un 40% e inferior a un 70%, el accidentado o enfermo tendrá derecho a una pensión
mensual, cuyo monto será equivalente al 35% del sueldo base.

39°.- Se considerará inválido total a quien haya sufrido una disminución
de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanentemente igual o superior a un 70%.
El inválido total tendrá derecho a una pensión mensual, equivalente al 70% de su
sueldo base.

40°.- Se considerará gran inválido a quien requiere del auxilio de otras
personas para realizar los actos elementales de su vida.
En caso de gran invalidez la víctima tendrá derecho a un suplemento de pensión,
mientras permanezca en tal estado, equivalente a un 30% de su sueldo base.

41°.- Los montos de las pensiones se aumentarán en un 5% por cada uno de
los hijos que le causen asignación familiar al pensionado, en exceso sobre dos, sin
perjuicio de las asignaciones familiares que correspondan.
En ningún caso, esas pensiones podrán exceder del 50%, 100% ó 140% del sueldo base,
según sean por invalidez parcial, total, o gran invalidez, respectivamente.
La cuantía de la pensión será disminuida o aumentada cada vez que se extinga o
nazca el derecho a los suplementos a que se refiere el inciso primero de este artículo.

42°.- Los organismos administradores podrán suspender el pago de las
pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que
les sean ordenados; o que rehusen, sin causa justificada, a someterse a los procesos
necesarios para su rehabilitación física y reeducación profesional que les sean
indicados.
El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Párrafo 5°
Prestaciones por supervivencia.

43°.- Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del afiliado, o si
fallece el inválido pensionado, el cónyuge, sus hijos legítimos, naturales, ilegítimos
o adoptivos, la madre de sus hijos naturales, así como también los ascendientes o
descendientes que le causaban asignación familiar, tendrán derecho a pensiones de
supervivencia en conformidad con las reglas de los artículos siguientes.

44°.- La cónyuge superviviente mayor de 45 años de edad, o inválida de
cualquiera edad, tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 50% de la
pensión básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado
totalmente, o de la pensión básica que percibía en el momento de la muerte.
Igual pensión corresponderá a la viuda menor de 45 años de edad, por el período de
un año, el que se prorrogará por todo el tiempo durante el cual mantenga a su cuidado
hijos legítimos que le causen asignación familiar. Si al término del plazo o de su
prórroga hubiere cumplido los 45 años de edad, la pensión se transformará en
vitalicia.
Cesará su derecho si contrajere nuevas nupcias.
Sin embargo, la viuda que disfrutare de pensión vitalicia y contrajere matrimonio
tendrá derecho a que se le pague, de una sola vez, el equivalente a dos años de su
pensión.

45°.- La madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, que
hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento de su muerte, tendrá
también derecho a una pensión equivalente al 30% de la pensión básica que habría
correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica
que perciba en el momento de la muerte, sin perjuicio de las pensiones que correspondan a
los demás derecho-habientes.
Para tener derecho a esta pensión el causante debió haber reconocido a sus hijos con
anterioridad a la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad.
La pensión será concedida por el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que
señala el artículo anterior respecto de la pensión por viudez.
Cesará el derecho si la madre de los hijos naturales del causante que disfrute de
pensión vitalicia, contrajere nuevas nupcias, en cuyo caso tendrá derecho también a que
se le pague de una sola vez, el equivalente a dos años de su pensión.

46°.- El viudo inválido que haya vivido a expensas de la cónyuge
afiliada, tendrá derecho a pensión en idénticas condiciones que la viuda inválida.

47° Cada uno de los hijos del causante, menores de 18 años o mayores de
esa edad, pero menores de 24 años, que sigan estudios regulares secundarios, técnicos o
superiores, o inválidos de cualquiera edad, tendrán derecho a percibir una pensión
equivalente al 20% de la pensión básica que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica que percibía en el momento de la
muerte.

48°.- A falta de las personas designadas en las disposiciones precedentes,
cada uno de los ascendientes y demás descendientes del causante que le causaban
asignación familiar tendrán derecho a una pensión del mismo monto señalado en el
artículo anterior.
Estos descendientes tendrán derecho a la pensión mencionada en el inciso anterior
hasta el último día del año en que cumplieran 18 años de edad.

49°.- Si los descendientes del afiliado fallecido carecieren de padre y
madre, tendrán derecho a la pensión a que se refieren los artículos anteriores
aumentada en un 50%.
En estos casos, las pensiones podrán ser entregadas a las personas o instituciones
que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine el Reglamento.

50°.- En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán exceder en su
conjunto, del 100% de la pensión total que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de la pensión total que percibía en el momento de la
muerte, excluido el suplemento por gran invalidez, si lo hubiere.
Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el inciso
anterior, se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que
acrecerán, también, proporcionalmente, dentro de los límites respectivos a medida que
alguno de los beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca.

6. Cuota mortuoria

ARTICULO 51°.- DEROGADO

Párrafo 7°
Normas Generales

52°.- Las prestaciones de subsidios, pensión y cuota mortuoria, que
establece la presente ley, son incompatibles con las que contemplan los diversos
regímenes previsionales. Los beneficiarios podrán optar, entre aquéllas y éstas, en el
momento en que se les haga el llamamiento legal.

53°.- El pensionado por accidente del trabajo o enfermedad profesional que
cumpla la edad para tener derecho a pensión dentro del correspondiente régimen
previsional, entrará en el goce de esta última de acuerdo con las normas generales
pertinentes, dejando de percibir la pensión de que disfrutaba.
En ningún caso la nueva pensión podrá ser inferior al monto de la que disfrutaba,
ni al 80% del sueldo base que sirvió para calcular la pensión anterior, amplificado en
la forma que señalan los artículos 26° y 41° y su pago se hará con cargo a los
recursos que la respectiva institución de previsión social debe destinar al pago de
pensiones de vejez.
Los pensionados por invalidez parcial que registren con posterioridad a la
declaración de invalidez, 60 o más cotizaciones mensuales, como activos en su
correspondiente régimen previsional tendrán derecho a que la nueva pensión a que se
refieren los incisos anteriores, no sea inferior al 100% del sueldo base mencionado en el
inciso precedente.

54°.- Los pensionados por accidentes o enfermedades profesionales deberán
efectuar en el organismo previsional en que se encuentren afiliados las mismas
cotizaciones que los otros pensionados, gozando, también, de los mismos beneficios por lo
que respecta a atención médica, asignaciones familiares y demás que sean procedentes.

55°.- Los organismos administradores aplicarán a las pensiones causadas
por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales las disposiciones legales y
resoluciones que sobre reajuste, revalorización y montos mínimos rijan en el régimen de
pensiones de vejez a que pertenecía la víctima, beneficios que se concederán con cargo
a los recursos del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

56°.- El retardo de la entidad empleadora en el pago de las cotizaciones,
no impedirá el nacimiento, en el trabajador, del derecho a las prestaciones establecidas
en esta ley.
Los organismos administradores otorgarán al accidentado o enfermo las prestaciones
respectivas, debiendo cobrar a la entidad empleadora las cotizaciones, más intereses y
multas, en la forma que corresponda.
En los casos de siniestro en que se establezca el incumplimiento de la obligación de
solicitar la afiliación por parte de un empleador, éste estará obligado a reembolsar al
organismo administrador el total del costo de las prestaciones médicas y de subsidio que
se hubieren otorgado y deban otorgarse a sus trabajadores, sin perjuicio del pago de las
cotizaciones adeudadas y demás sanciones legales que procedan.

57° El reglamento determinará la forma en que habrán de concurrir al pago
de las pensiones o indemnizaciones causadas por enfermedad profesional los distintos
organismos administradores en que, desde la fecha de vigencia de esta ley, haya estado
afiliado el enfermo.
En todo caso, las concurrencias se calcularán en relación con el tiempo de
imposiciones existentes en cada organismo administrador y en proporción al monto de la
pensión o indemnización fijada de acuerdo con las normas de este seguro.
El organismo administrador a que se encuentre afiliado el enfermo al momento de
declararse su derecho a pensión o indemnización deberá pagar la totalidad del beneficio
y cobrará posteriormente, a los de anterior afiliación, las concurrencias que
correspondan.

Continúa: Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Parte II)