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Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Parte II)

Ley No 16.744: ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES Parte II

TITULO VI
Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades

58° La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las
incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud. Sin
embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación,
reevaluación y revisión de las incapacidades permamentes derivadas de accidentes del
trabajo corresponderá a estas instituciones.
Las resoluciones de las Mutualidades que se dicten sobre las materias a que se refiere
este artículo se ajustarán, en lo pertinente, a las mismas normas legales y
reglamentarias aplicables a los otros administradores del seguro de esta ley.

59°.- Las declaraciones de incapacidad permanente del accidentado o enfermo
se harán en función de su incapacidad para procurarse por medio de un trabajo
proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una remuneración
equivalente al salario o renta que gana una persona sana en condiciones análogas y en la
misma localidad.

60° Para los efectos de determinar las incapacidades permanentes, el
reglamento las clasificará y graduará, asignando a cada cual un porcentaje de
incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo.
El porcentaje exacto, en cada caso particular, será determinado por el médico
especialista del Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades en los casos de
incapacidades permanentes de sus afiliados derivadas de accidentes del trabajo, dentro de
la escala preestablecida por el reglamento. El facultativo, al determinar el porcentaje
exacto, deberá tener, especialmente, en cuenta, entre otros factores, la edad, el sexo y
la profesión habitual del afiliado.
En los casos en que se verifique una incapacidad no graduada ni clasificada
previamente, corresponderá hacer la valoración concreta al médico especialista del
Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades, en su caso, sujetándose para ello, al
concepto dado en el artículo anterior y teniendo en cuenta los factores mencionados en el
inciso precedente.

61°.- Si el inválido profesional sufre un nuevo accidente o enfermedad,
también de origen profesional, procederá a hacer una reevaluación de la incapacidad en
función del nuevo estado que presente.
Si la nueva incapacidad ocurre mientras el trabajador se encuentra afiliado a un
organismo administrador distinto del que estaba cuando se produjo la primera incapacidad,
será el último organismo el que deberá pagar, en su totalidad, la prestación
correspondiente al nuevo estado que finalmente presente el inválido. Pero si el anterior
organismo estaba pagando una pensión, deberá concurrir asl pago de la nueva prestación
con una suma equivalente al monto de dicha pensión.

62°.- Procederá, también, hacer una reevaluación de la incapacidad
cuando a la primitiva le suceda otra u otras de origen no profesional.
Las prestaciones que corresponda pagar, en virtud de esta reevaluación, serán en su
integridad, de cargo del Fondo de Pensiones correspondiente a invalidez no profesional del
organismo en que se encontraba afiliado el inválido. Pero si con cargo al seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se estaba pagando a tal persona una
pensión periódica, este seguro deberá concurrir al pago de la nueva prestación con una
suma equivalente al monto de dicha pensión.

63°.- Las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación,
mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se
concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones, o se aumentará o disminuirá
su monto.
La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado, en la forma que
determine el reglamento.

64°.- En todo caso, durante los primeros ocho años contados desde la fecha
de concesión de la pensión, el inválido deberá someterse a examen cada dos años.
Pasado aquel plazo el organismo administrador podrá exigir nuevos exámenes en los casos
y con la frecuencia que determine el reglamento.
El reglamento determinará los casos en que podrá prescindirse del examen a que se
refieren las disposiciones precedentes.
Al practicarse la nueva evaluación se habrán de tener también en cuenta las nueva
posibilidades que haya tenido el inválido para actualizar su capacidad residual de
trabajo.

TITULO VII
Prevención de riesgos profesionales

65°.- Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general
en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de
todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos se
realicen.
La competencia a que se refiere el inciso anterior la tendrá el Servicio Nacional de
Salud incluso respecto de aquellas empresas del Estado que, por aplicación de sus leyes
orgánicas que las rigen, se encuentren actualmente exentas de este control.
Corresponderá, también, al Servicio Nacional de Salud la fiscalización de las
instalaciones médicas de los demás organismos administradores, de la forma y condiciones
cómo tales organismos otorguen las prestaciones médicas, y de la calidad de las
actividades de prevención que realicen.

66° En toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas deberán
funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, que tendrán las
siguientes funciones:

1.- Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los
instrumentos de protección;
2.- Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores,
de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
3.- Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
que se produzcan en la empresa y de cualquiera otra afección que afecte en forma
reiterada o general a los trabajadores y sea presumible que tenga su origen en la
utilización de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud;
4.- Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan para
la prevención de los riesgos profesionales;
5.- Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo
administrador respectivo.
El representante o los representantes de los trabajadores serán designados por los
propios trabajadores.
El reglamento deberá señalar la forma cómo habrán de constituirse y funcionar
estos comités.
En aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen a más de 100
trabajadores será obligatoria la existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos
Profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará
parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios.
Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de
prevención que les indique el Departamento de Prevención y/o el Comité Paritario; pero
podrán apelar de tales resoluciones ante el respectivo organismo administrador, dentro
del plazo de 30 días, desde que le sea notificada la resolución del Departamento de
Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
El incumplimiento de las medidas acordadas por el Departamento de Prevención o por el
Comité Paritario, cuando hayan sido ratificadas por el respectivo organismo
administrador, será sancionado en la forma que preceptúa el artículo 68°.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las actividades a que se refiere el
artículo 162°-A del decreto ley 2.200, de 1978.

66° Bis.- Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la
realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el
cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a
higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su
dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores.
Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá
confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el
que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos
empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores
condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho
reglamento los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante
y las sanciones aplicables.
Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de
un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos
para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores
exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad
de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su
dependencia. Los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos serán
determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

67°.- Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los
reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con
las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la
aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección
personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan
las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La
aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III
del Libro I del Código del Trabajo.

68°.- Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de
higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de
Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el
que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.
El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio Nacional de
Salud de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código
Sanitario, y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo
administrador respectivo aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en
conformidad a lo dispuesto en la presente ley.
Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e
implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si
no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados en la forma que preceptúa el
inciso anterior.
El Servicio Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas, talleres,
minas o cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los
trabajadores o de la comunidad.

69°.- Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la
entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan,
deberán observarse las siguientes reglas:
a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del
accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y
b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño
podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras
indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común,
incluso el daño moral.

70°.- Si el accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia inexcusable
de un trabajador se le deberá aplicar una multa, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 68°, aún en el caso de que él mismo hubiere sido víctima del accidente.
Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir si medió
negligencia inexcusable.

71°.- Los afiliados afectados de alguna enfermedad profesional deberán ser
trasladados, por la empresa donde presten sus servicios, a otras faenas donde no estén
expuestos al agente causante de la enfermedad.
Los trabajadores que sean citados para exámenes de control por los servicios médicos
de los organismos administradores, deberán ser autorizados por su empleador para su
asistencia, y el tiempo que en ello utilicen será considerado como trabajado para todos
los efectos legales.
Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar expuestos al
riesgo de neumoconiosis, deberán realizar un control radiográfico semestral de tales
trabajadores.

TITULO VIII
Disposiciones finales

Párrafo 1°
Administración delegada.

72°.- Las empresas que cumplan con las condiciones que señala el inciso
siguiente del presente artículo, tendrán derecho a que se les confiera la calidad de
administradoras delegadas del seguro, respecto de sus propios trabajadores, en cuyo caso
tomarán a su cargo el otorgamiento de las prestaciones que establece la presente ley, con
excepción de las pensiones.
Tales empresas deberán ocupar habitualmente dos mil o más trabajadores, deben tener
un capital y reservas superior a siete mil sueldos vitales anuales, escala A) del
departamento de Santiago y cumplir, además, los siguientes requisitos:
a) Poseer servicios médicos adecuados, con personal especializado en rehabilitación;
b) Realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de accidentes y
enfermedades profesionales;
c) Constituir garantías suficientes del fiel cumplimiento de las obligaciones que
asumen, ante los organismos previsionales, que hubieren delegado la administración, y
d) Contar con el o los Comités Paritarios de Seguridad a que se refiere el artículo
66°.
Los organismos administradores deberán exigir a las empresas que se acojan a este
sistema, un determinado aporte cuya cuantía la fijarán de acuerdo con las normas que
establezca el reglamento.
El monto de tales aportes será distribuido entre el Servicio Nacional de Salud y los
demás organismos administradores delegantes en la forma y proporciones que señale el
Reglamento.

73°.- Los organismos administradores podrán también convenir con
organismos intermedios o de base que éstos realicen, por administración delegada, alguna
de sus funciones, especialmente las relativas a otorgamiento de prestaciones médicas,
entrega de prestaciones pecuniarias u otras en la forma y con los requisitos que señale
el Reglamento.

74°.- Los servicios de las entidades con administración delegada serán
supervigilados por el Servicio Nacional de Salud y por la Superintendencia de Seguridad
Social, cada cual dentro de sus respectivas competencias.

75°.- Las delegaciones de que trata el artículo 72° deberán ser
autorizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, previo informe del Servicio
Nacional de Salud.

2. Procedimiento y recursos

76° La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador
respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus
derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como
igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de
denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad
empleadora no hubiere realizado la denuncia.
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que
hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud.
Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los
accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad
que señale el reglamento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del
trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección
del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la
ocurrencia de cualquiera de estos hechos. Corresponderá a la Superintendencia de
Seguridad Social impartir las instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse esta
obligación.
En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas
afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de
trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización
del organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado las deficiencias
constatadas.
Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, serán sancionadas
con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias
mensuales, las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se refiere el
inciso cuarto.

77° Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los
organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de
las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaidas en
cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la
Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás
resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90
días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social.
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la
resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que
establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada,
el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos.

77 bis.- El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un
reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones
de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección
invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el
organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la
licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar
las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos
posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad
interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el
rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia
exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a
ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se
requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los
exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron
otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se
proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la
Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la
Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de
aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este
último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la
parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a
que esté afiliado.
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda
reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento
de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se
refiere la ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del
respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el
requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo.
Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas
adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del
señalado requerimiento de pago.
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes
de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad
Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud,
el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá
devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones
que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté
afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez
días, contados desde que se efectuó el reembolso.
Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren
sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución
de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del
valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de
salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas.
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se
considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que
las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.

78°.- La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales estará compuesta por:
a) Dos médicos en representación del Servicio Nacional de Salud, uno de los cuales
la presidirá;
b) Un médico en representación de las organizaciones más representativas de los
trabajadores;
c) Un médico en representación de las organizaciones más representativas de las
entidades empleadoras, y
d) Un abogado.
Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la República,
en la forma que determine el Reglamento.
El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la
que en todo caso, estará sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad
Social.

Párrafo 3° (Arts. 79-80
Prescripción y sanciones.

79°.- Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del
trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado
desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la
neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue
diagnosticada.
Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años.

80°.- Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de esta ley, salvo
que tengan señalada una sanción especial, serán penadas con una multa de uno a
veinticuatro sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago. Estas
multas serán aplicadas por los organismos administradores.
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa primeramente impuesta.

Párrafo 4°
Disposiciones varias

81°.- Fusiónanse la actual Caja de Accidentes del Trabajo con el Servicio
de Seguro Social, que será su continuador legal y al cual se transferirá el activo y
pasivo de esa Caja.
El Fondo de Garantía, que actualmente administra la Caja, se transferirá, también,
al Servicio de Seguro Social e ingresará al respectivo Fondo de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
Los bienes muebles e inmuebles que la Caja de Accidentes del Trabajo tiene destinados
a los servicios hospitalarios o médicos en general y a la prevención de riesgos
profesionales, serán transferidos por el Servicio de Seguro Social al Servicio Nacional
de Salud.
Las transferencias a que se refiere este artículo estarán exentas de todo impuesto,
así como también del pago de los derechos notariales y de inscripción.

82°.- El personal que trabaja en la Caja de Accidentes del Trabajo en
funciones relacionadas con atención médica, hospitalaria y técnica de salud, higiene y
seguridad industrial, pasará a incorporarse al Servicio Nacional de Salud. El resto del
personal se incorporará a la planta del Servicio de Seguro Social. Con motivo de la
aplicación de la presente ley no se podrán disminuir remuneraciones, grados o
categorías ni suprimir personal o alterarse el régimen previsional y de asignaciones
familiares que actualmente tienen. Asimismo, mantendrán su representación ante el
Consejo del organismo previsional correspondiente por un plazo de dos años.
El personal que trabaja en las Secciones de Accidentes del Trabajo y Administrativa de
Accidentes del Trabajo en las Compañías de Seguros, será absorbido por el Servicio
Nacional de Salud o el Servicio de Seguro Social, de acuerdo con las funciones que
desempeñe, a medida que las Compañías de Seguros empleadoras lo vaya desahuciando por
terminación de los departamentos o secciones en que presta servicios. Estos personales
serán incorporados a las plantas permanentes de ambos servicios y continuarán recibiendo
como remuneraciones el promedio de las percibidas durante el año 1967, con más un 15% si
la incorporación les fuere hecha durante 19% de la cantidad anterior aumentada en el
mismo porcentaje en que hubiere aumentado en 1969, el sueldo vital, escala A) del
departamento de Santiago, si la incorporación es hecha durante el curso del año 1969. En
uno y otro caso con el reajuste que habría correspondido además por aplicación de la
ley N° 7.295.
El personal de la Planta se Servicios Menores de la Caja de Accidentes del Trabajo,
actualmente imponente del Servicio de Seguro Social, pasará a ser imponente de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

83° El Servicio de Minas del Estado continuará ejerciendo en las faenas
extractivas de la minería las atribuciones que en materia de seguridad le fueron
conferidas por la letra i) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 152, de 1960, y
por el Reglamento de Policía Minera aprobado por decreto 185, de 1946, del Ministerio de
Economía y Comercio y sus modificaciones posteriores.
El Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Minas del Estado estarán facultados
para otorgarse delegaciones recíprocas, para obtener un mayor aprovechamiento del
personal técnico.
El Presidente de la República determinará la forma como se coordinarán ambos
Servicios y establecerá una Comisión Mixta de Nivel Nacional integrada por
representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de Salud
y Servicio de Minas del Estado que aprobará las normas sobre seguridad en las faenas
mineras y resolverá los problemas de coordinación que puedan suscitarse entre ambos
Servicios.
Facúltase al Presidente de la República para modificar las plantas del Servicio
Nacional de Salud o del Servicio de Seguro Social con el objeto de incorporar en ellas a
los personales a que se refieren este artículo y los anteriores.

84°.- Los hospitales de la actual Caja de Accidentes del Trabajo ubicados
en Santiago, Valparaíso, Coquimbo, Concepción, Temuco, Osorno y Valdivia y la Clínica
Traumatológica de Antofagasta, se mantendrán como Centros de Traumatología y Ortopedia
una vez fusionados estos dos servicios.
Para los efectos de futuros concursos de antecedentes para optar a cargos médicos, de
dentistas, farmacéuticos, administrativos o de cualquier otro, en el Servicio Nacional de
Salud o en el Servicio de Seguro Social, los años de antigüedad y la categorí a de los
cargos desempeñados en la Caja de Accidentes del Trabajo serán computados con el mismo
valor en puntaje que actualmente se asignan a tales antecedentes en el Servicio Nacional
de Salud y en el Servicio de Seguro Social.
Los antecedentes de los profesionales afectos a la ley N° 15.076 que tengan
acreditados ante la Caja de Accidentes del Trabajo, y que, por aplicación de la presente
ley deban ingresar al Servicio Nacional de Salud, valdrán ante este último organismo en
idéntica forma que si lo hubieren acreditado ante él.
Los profesionales funcionarios se mantendrán en sus cargos de planta que tengan a la
fecha de publicación de la presente ley, rigiéndose en lo futuro por las disposiciones
del Estatuto Médico-Funcionario.

85° Reemplázase el artículo transitorio N° 3° de la ley 8.198, por el
siguiente: “3° transitorio Los aparatos y equipos de protección destinados a
prevenir los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y los instrumentos
científicos destinados a la investigación y medición de los riesgos profesionales que
el Servicio Nacional de Salud indique, así como también los instrumentos quirúrgicos,
aparatos de rayos X y demás instrumentales que sean indicados por dicho Servicio, serán
incluidos en las listas de importación permitida del Banco Central de Chile y de la
Corporación del Cobre y estarán liberados de depósitos, de derechos de internación, de
cualquier otro gravamen que se cobre por las Aduanas y de los otros impuestos a las
importaciones, a menos que ellos se fabriquen en el país en condiciones favorables de
calidad y precio”.

86°.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 62° de la ley N°
16.395, la frase “uno por mil”, por “dos por mil”.

87°.- La Superintendencia de Seguridad Social podrá aplicar a las
Compañías de Seguros que no den completo y oportuno cumplimiento a las disposiciones de
esta ley, las sanciones establecidas en la ley N° 16.395.

88°.- Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e
irrenunciables.

89°.- En ningún caso las disposiciones de la presente ley podrán
significar disminución de derechos ya adquiridos en virtud de otras leyes.

90°.- Deróganse el Título II, del Libro II del Código del Trabajo, la
ley N° 15.477 y toda otra norma legal o reglamentaria contraria a las disposiciones
contenidas en la presente ley.

91°.- La presente ley entrará en vigencia dentro del plazo de tres meses
contado desde su publicación en el Diario Oficial.

TITULO IX

92°.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 32° de la ley N°
6.037, por los siguientes:
“La pensión de montepío se difiere el día del fallecimiento.
En caso de pérdida o naufragio de una nave, de muerte por sumersión o por otro
accidente marítimo o aéreo, si no ha sido posible recuperar los restos del imponente,
podrá acreditarse el fallecimiento, para todos los efectos de esta ley, con un
certificado expedido por la Dirección del Litoral y de Marina Mercante o la Dirección de
Aeronáutica, según proceda, que establezca la efectividad del hecho, la circunstancia de
que el causante formaba parte de la tripulación o del pasaje y que determine la
imposibilidad de recuperar sus restos, y que permita establecer que el fallecimiento se ha
producido a consecuencia de dicha pérdida, naufragio o accidente”.

93°.- Agrégase el siguiente inciso a continuación del inciso primero del
artículo 33° de la ley N° 6.037:
“El padre y la madre del imponente, por los cuales éste haya estado percibiendo
asignación familiar, concurrirán en el montepío, conjuntamente con la cónyuge y los
hijos, con una cuota total equivalente a la que corresponda a un hijo legítimo.”

94°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 30° de la
ley N° 10.662:
a) Intercálase a continuación de la palabra “sumersión”, suprimiendo la coma (,) la
siguiente frase seguida de una coma (,): “u otro accidente marítimo o aéreo,”, y
b) Intercálase después de la palabra “Mercante” la siguiente frase: “o la Dirección
de Aeronáutica, según proceda”.

95°.- Aclárase que, a contar desde la fecha de vigencia de la ley N°
15.575, el fallecimiento de cualquiera de los beneficiarios ha estado y está incluido
entre las causales que dan lugar al acrecimiento de montepío contemplado en inciso
segundo del artículo 33° de la ley N° 6.037.

96°.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 40° de la ley N° 15.386:
“Gozarán también del beneficio de desahucio establecido por el presente artículo
los beneficiarios de montepío del imponente fallecido sin haberse acogido al beneficio de
jubilación. El desahucio se distribuirá en este caso en el orden y proporción que
establecen los artículos 30° y 33° de la ley N° 6.037.”.

97°.- La modificación del artículo 40° de la ley N° 15.386 ordenada por
el artículo precedente regirá a contar desde el 1° de Enero de 1967.

98°.- Los beneficiarios de montepío de los imponentes de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros
Marítimos de la misma desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe tendrán derecho
a optar a la adjudicación de viviendas que pueda tener disponible la institución, sin
sujeción al sistema de puntaje establecido en el Reglamento General de Préstamos
Hipotecarios para las instituciones de previsión regidas por el DFL N° 2, de 1959,
siempre que el causante no hubiese obtenido de la institución un beneficio similar, o un
préstamo hipotecario destinado a la adquisición, construcción o terminación de
viviendas.
La adjudicación se hará a los beneficiarios en igual proporción a la que les
corresponda en el montepío respectivo.
El precio de venta se cancelará en conformidad a las disposiciones del DFL N° 2, de
1959.

99°.- Facúltase a los Consejos de la Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos para condonar
los saldos de las deudas hipotecarias que hubiesen tenido con la institución, al 30 de
Septiembre de 1967, los imponentes desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe,
siempre que dichas deudas no hayan estado afectas a seguro de desgravamen.

100°.- Sin perjucio de lo dispuesto por los artículos 91° y 96°, las
disposiciones de los artículos 92°, 93°, 94°, 95°, 97° y 98° entrarán en vigencia
a contar desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

ARTICULO TRANSITORIOS

1°.- Las personas que hubieren sufrido accidente del trabajo o que hubieren
contraído enfermedad profesional, con anterioridad a la fecha de la presente ley, y que a
consecuencia de ello hubieren sufrido una pérdida de su capacidad de ganancia,
presumiblemente permanente, de 40% o más, y que no disfruten de otra pensión, tendrán
derecho a una pensión asistencial que se determinará en la forma que este artículo
establece.
Los interesados a que se refiere el inciso anterior entrarán en el goce de sus
respectivas pensiones desde el momento del diagnóstico médico posterior a la
presentación de la solicitud respectiva.
También tendrán derecho a pensión asistencial las viudas de ex pensionados de
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que hubieren fallecido antes de la
vigencia de la presente ley y las viudas de los actuales pensionados por la misma causa
que fallezcan en el futuro, siempre que no disfruten de otra pensión. La pensión se
devengará desde la fecha de la respectiva solicitud.
Las pensiones a que se refiere este artículo se otorgarán por el Servicio de Seguro
Social, y su monto será fijado por el Consejo Directivo del mismo, y no podrá ser
inferior al 50% de las pensiones mínimas que correspondan a los accidentados o a sus
viudas, de acuerdo con la presente ley, ni exceder del 100% de las mismas.
No obstante, las personas a que se refiere el inciso primero que hubieren continuado
en actividad y se encuentren, a la fecha de la publicación de la presente ley, como
activos en algún régimen previsional, tendrán derecho a que el monto de la pensión que
les corresponda no sea inferior al 30% del sueldo base determinado en la forma preceptuada
por la ley N° 10.383, ni superior al 70% de dicho sueldo base.
El Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social podrá destinar para el
financiamiento de este beneficio hasta el 5% del ingreso global anual del Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Para este efecto, los demás
organismos administradores deberán traspasar al Servicio de Seguro Social los fondos que
correspondan a un porcentaje idéntico al determinado por el Servicio.
Un Reglamento que dictará el Presidente de la República fijará las normas y demás
requisitos para el otorgamiento de estos beneficios; como, también, la forma y
condiciones en que podrán tener derecho a otros beneficios previsionales en sus calidades
de pensionados del Servicio de Seguro Social.
Concédese el plazo de un año, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley
o desde la fecha del fallecimiento del causante en el caso de los que fallezcan en el
futuro, para acogerse a los beneficios que otorga el presente artículo.
El derecho a los beneficios previstos en este artículo es incompatible con el goce de
cualquiera otra pensión.

2°.- El Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
del Servicio de Seguro Social, que se crea por el inciso segundo del artículo 9° de la
presente ley, tendrá como jefe al funcionario que a la fecha de entrar en vigencia la
presente ley tenga el carácter de Vicepresidente de la Caja de Accidentes del Trabajo,
quien, para todos los efectos legales, conservará los derechos y prerrogativas inherentes
a su calidad actual.

3°.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 82° de la presente
ley, y dentro del plazo de 30 días contado desde su publicación, las Compañías de
Seguros entregarán a la Superintendencia de Seguridad Social una nómina del personal de
sus secciones de accidentes del trabajo y de los empleados de departamentos o secciones
administrativas que estaban realizando funciones relacionadas con accidentes del trabajo
al 31 de Diciembre de 1966, y que las Compañías se dispongan a despedir con motivo de la
aplicación de la presente ley.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la calificación definitiva
de las mencionadas nóminas, y en especial determinar si el personal incluido en ellas ha
desempeñado o no las funciones a que se refiere el inciso anterior. Estas decisiones no
serán susceptibles de recurso alguno.
La Superintendencia de Seguridad Social, para la determinación de lasrentas de estos
personales, a que se refiere el inciso segundo del artículo 82°, no considerará los
aumentos que les hubieren concedido durante el curso del año 1967, salvo los que hubieren
sido concedidos por las leyes sobre reajustes, o por convenios que hubieren afectado a la
totalidad de los empleados de la respectiva compañía, o por ascenso.

4°.- Las garantías constituidas en conformidad al artículo 22° de la ley
N° 4.055, continuarán vigentes y se entenderán hechas para todos los efectos legales,
ante el Servicio de Seguro Social.
No obstante, los patrones podrán rescatar la obligación correspondiente pagando a
dicho Servicio el capital representativo de las respectivas pensiones.

5°.- Las compañías que contraten seguros de accidentes del trabajo
deberán atender, hata su término, los contratos vigentes y continuar sirviendo las
pensiones, pero no podrán celebrar contratos nuevos que cubran estas contingencias, ni
renovar los vigentes.
Las Compañías de Seguros garantizarán con hipoteca o cualquiera otra caución
suficiente, a favor del Servicio de Seguro Social, calificada por este Servicio, el pago
de las pensiones, hasta su extinción.

6°.- Los empleadores que estén asegurados en la Caja de Accidentes del
Trabajo, en compañías privadas, estarán exentos de la obligación de hacer las
cotizaciones establecidas en esta ley hasta el término de los contratos respectivos.
Transcurrido un año, contado desde la vigencia de la presente ley, las entidades
empleadoras deberán efectuar en los organismos administradores que correspondan la
totalidad de las cotizaciones que resulten por aplicación de la presente ley. Los
trabajadores cuyos empleadores estén asegurados a la fecha de la vigencia de la presente
ley en alguna compañía mercantil, tendrán los derechos establecidos en la presente ley
en caso que durante el plazo de vigencia de las respectivas pólizas, se accidenten.
Asimismo, los trabajadores cuyos empleadores, a la fecha de la vigencia de la presente ley
hubieren estado asegurados en la Caja de Accidentes del Trabajo o en alguna Mutualidad,
tendrán también derecho, desde la vigencia misma de la presente ley, a los beneficios en
ella consultados, considerándolos, para todos los efectos derivados de la aplicación de
la presente ley como afiliados, a partir desde su vigencia, en el Servicio de Seguro
Social o en la Caja de Previsión respectiva, o en la Mutualidad de que se trate.

7° Las rebajas a que se refiere el artículo 16° sólo podrán comenzar a
otorgarse después de un año contado desde la promulgación de la presente ley.
Además, el Presidente de la República queda facultado para prorrogar el plazo
anterior hasta por otro año más.

8°.- El personal que actualmente se desempeña a contrata en la Caja de
Accidentes del Trabajo, deberá ser encasillado en la Planta en las mismas condiciones
establecidas en el inciso primero del artículo 82° de la presente ley.

9°.- El personal de la Caja de Accidentes del Trabajo que a la fecha de
vigencia de la presente ley desempeñe de hecho las funciones de auxiliar de enfermería,
podrá obtener dicho título, previo examen de competencia rendido ante una comisión
designada por el Director del Servicio Nacional de Salud, sin que para ello se necesiten
otros requisitos.”

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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y
llévese a efecto como ley la República.
Santiago, veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y ocho.- EDUARDO FREI
MONTALVA.- William Thayer.- Ramón Valdivieso.